La resolución fue dictada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, a partir de una denuncia por usurpación presentada por el propietario de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).
La decisión se conoció pocas horas antes de una convocatoria para realizar un abrazo simbólico en defensa de la planta, mientras los trabajadores que permanecen en el predio sostienen la ocupación desde el 18 de febrero, cuando fueron notificados del cierre y de los despidos.
El gremio rechazó la medida judicial y sostuvo que el cierre de la fábrica responde a una decisión empresarial que califica como un lockout. Según la posición planteada por los trabajadores, la compañía habría paralizado la producción para concentrar sus actividades en otros negocios vinculados con la fabricación de aluminio y la provisión de energía.
Los trabajadores despedidos sostienen que la ocupación tiene como objetivo preservar las instalaciones y la maquinaria utilizada para fabricar neumáticos, evitar un eventual vaciamiento y buscar las condiciones para retomar la producción. El sindicato también reclama una conciliación obligatoria que permita la reincorporación de los empleados.
Tras conocerse la orden de desalojo, el SUTNA convocó a una movilización frente al acceso principal del establecimiento, que ocupa una superficie de 44 hectáreas. La convocatoria busca respaldar a los trabajadores y mantener presencia durante la madrugada junto a quienes permanecen dentro de la planta.
El conflicto comenzó en febrero y desde entonces atravesó distintas instancias judiciales. Luego de la ocupación se presentaron denuncias que derivaron en inspecciones, citaciones, pedidos de declaración indagatoria y diferentes órdenes de desalojo. Algunas de esas medidas fueron suspendidas luego de las apelaciones presentadas por los trabajadores.
Durante el proceso también se formularon denuncias por presuntos episodios de hostigamiento dentro de la planta. Los trabajadores señalaron a una empresa de seguridad contratada por la compañía y denunciaron acciones agresivas contra quienes permanecían en las instalaciones, entre ellas el supuesto uso de productos químicos en sectores destinados al descanso y en los baños.
En una de las etapas del expediente, el juez de Garantías Esteban Rossignoli había ordenado el desalojo, aunque la medida fue suspendida posteriormente por la Cámara de Apelaciones mientras se analizaba la apelación presentada por los trabajadores. El fiscal Marcelo Fuenzalida, en tanto, continuó solicitando que se concretara el desalojo.
La planta de Virreyes tiene más de 80 años de trayectoria en la industria. Desde el cierre anunciado en febrero, el conflicto generó movilizaciones y expresiones de respaldo de distintos sectores sindicales y políticos.
En ese marco, los trabajadores participaron recientemente de una movilización en Plaza de Mayo, donde recibieron el apoyo de artistas y dirigentes de distintas corrientes de oposición.
