La jueza federal María Romilda Servini resultó sorteada para hacerse cargo del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de esionaje en Migraciones, luego de que se excusara el magistrado Sebastián Casanello.
La jueza federal María Romilda Servini resultó sorteada hoy para hacerse cargo del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje a través de los irregulares ingresos a bases de datos oficiales durante el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que se excusara el magistrado Sebastián Casanello.
Se trata del expediente en el que se investigan los ingresos a bases de datos como la de la Dirección de Migraciones sin ningún tipo de orden judicial que autorizara a hacerlo, por lo que una de las hipótesis centrales de la causa apunta a que se trató de un mecanismo para seguir los movimientos de determinadas personas.
El juez Casanello se excusó de intervenir porque su nombre figuraba en el listado de personas cuyos movimientos migratorios habían sido consultados sin justificación, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Tras un nuevo sorteo realizado este miércoles en la Cámara Federal porteña, el caso pasó al juzgado federal 1, a cargo de Servini, quien también figuraría entre los jueces cuyos movimientos migratorios fueron consultados de forma irregular por lo que la causa podría volver a cambiar de manos.
El primer juez que tuvo el caso fue Rodolfo Canicoba Corral, quien manejó el expediente hasta su jubilación. En ese período se dispusieron las primeras medidas de prueba en la causa que investiga cómo fue que desde distintos organismos del Estado se realizaron averiguaciones sobre viajes al exterior de más de 20 magistrados.
Tras la salida de Canicoba Corral, el caso pasó a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, la primera jueza en excusarse tras constatar que su nombre era uno de los presuntamente espiados.
El expediente pasó a manos del juez Sebastián Ramos quien también se excusó tras detectar que su nombre, o el de un homónimo, figuraba en la lista de las víctimas de las maniobras aparentemente ilegales y derivó la investigación al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa por el megaespionaje ilegal presuntamente desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo.
Fuentes judiciales explicaron que Martínez de Giorgi rechazó la excusación de su colega Ramos pero que la misma fue aceptada por la Cámara Federal porteña a través de un fallo firmado por Eduardo Farah.
En esta pesquisa se investigan presuntos accesos irregulares a las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones en busca de información de movimientos de entrada y salida del país de diferentes víctimas, entre ellas una veintena de jueces federales.
