El informe fue dado a conocer por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti durante un encuentro en el Salón Azul de la institución. En su exposición, argumentaron que la ex presidenta “cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que aquellos condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”.
La elaboración del documento se basó en información recolectada a través de solicitudes de Acceso a la Información Pública que hizo el grupo de consejeros del Consejo de la Magistratura.
Este pronunciamiento se produce a menos de un mes del primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que consolidó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la líder del Partido Justicialista por la causa Vialidad.
Entre los puntos destacados en el informe, los legisladores señalaron que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricción en sus hogares. En la Ciudad de Buenos Aires, hay seis individuos detenidos por asociación ilícita, todos sin limitaciones en cuanto a sus visitas. El informe concluye que, entre quienes están cumpliendo condenas por delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, Kirchner es la única que enfrenta tales restricciones.
Tailhade fue el primero en hablar y planteó sus observaciones desde una perspectiva política. “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”, expresó el diputado y consejero.
Siley, quien aportó datos específicos del análisis, enfatizó su enfoque comparativo. “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, sostuvo la consejera. Además, Siley vinculó la situación de la ex mandataria con lo que definió como una violación de garantías fundamentales: “A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, afirmó.
Recalde, por su parte, calificó el caso de manera contundente. “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”, planteó el senador. Añadió que el informe “demuestra que esta decisión carece de fundamentos jurídicos y no se basa en criterios de justicia”.
Grau trazó analogías históricas entre el caso de Kirchner y el de Hipólito Yrigoyen, señalando cómo diferentes procesos políticos y judiciales han buscado, en distintas épocas, desestabilizar y someter a líderes populares en beneficio de sectores económicos concentrados, tanto nacionales como internacionales.
La intervención final estuvo a cargo de Fernández Sagasti, quien centró su crítica en el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad y en la Corte Suprema en particular. “La pregunta que debemos hacernos quienes defendemos el derecho es si se trata de una herramienta de liberación o de un garrote corporativo. La administración de justicia en la Argentina ha dejado de existir. Estamos frente a bandas que compiten por el control del Poder Judicial en el país”, concluyó la senadora.
