La reducción no tuvo la misma magnitud en todas las provincias. En Buenos Aires y Chubut, el recorte alcanzó el 85%, mientras que en Santa Fe y Córdoba se ubicó cerca del 70%. El nivel de recursos ejecutados para vialidad nacional, además, sería el más bajo desde 1995, año desde el cual se dispone de la serie de datos utilizada en el análisis.
La disminución de fondos impacta tanto en el mantenimiento de las rutas existentes como en la construcción de nuevas vías. El recorte también se extiende a las distintas jurisdicciones, aunque con diferentes niveles de intensidad.
En paralelo, comenzó un proceso de transferencia de rutas nacionales a las provincias. Ya se produjeron casos en Santa Fe y Río Negro, en medio de reclamos de gobernadores por el estado de las rutas y la falta de mantenimiento. La transferencia implica que las administraciones provinciales deben asumir responsabilidades sobre corredores que pueden tener un peso estratégico y generar dificultades adicionales en aquellas jurisdicciones con menor capacidad fiscal.
Otro de los puntos señalados en el análisis está relacionado con los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya recaudación tiene un destino específico. Según los datos relevados, actualmente se ejecuta alrededor del 25% de los fondos que deberían dirigirse a infraestructura vial.
El 75% restante, de acuerdo con el mismo relevamiento, habría sido destinado a otros usos, principalmente a inversiones financieras, en lugar de aplicarse a obras y tareas de mantenimiento de las rutas.
Como parte de la respuesta oficial frente a la situación de la red vial, el Gobierno nacional avanzó además con un esquema de privatización de corredores. La medida está orientada al mantenimiento de las rutas existentes y no contempla la construcción de nuevas trazas.
La menor inversión también tiene impacto sobre la actividad económica. Una parte importante de la producción y de las exportaciones argentinas se moviliza por vía terrestre, por lo que el deterioro de la infraestructura puede incrementar los costos asociados al transporte y afectar la competitividad.
La situación también genera preocupación en materia de seguridad vial. Cerca de la mitad de las personas que mueren en accidentes de tránsito en Argentina pierden la vida en rutas. Si bien durante el período 2024-2025 todavía no se registró un incremento significativo de los fallecimientos en esas vías, ya existen advertencias sobre el riesgo de que la falta de mantenimiento e inversión tenga consecuencias sobre la siniestralidad.
La evolución de los recursos destinados a obras y mantenimiento vial puede seguirse a través de una herramienta de monitoreo presupuestario que permite consultar el comportamiento de estas partidas.
