La posibilidad de utilizar el tratado para frenar la candidatura argentina fue planteada por la legisladora conservadora Wendy Morton, quien instó a Londres a prepararse para responder si Buenos Aires mantiene sus reclamos sobre las islas. Por su parte, la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, evitó anticipar un veto, pero afirmó que el Gobierno analizará “todas las medidas apropiadas”.
La funcionaria realizó estas declaraciones ante la Cámara de los Comunes, luego de que la Argentina presentara una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Kumaran también sostuvo que las medidas argentinas contra las empresas involucradas perjudican la seguridad jurídica y la confianza en el país como socio económico.
La Argentina formalizó su intención de incorporarse al CPTPP el 2 de junio. El acuerdo comercial reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido, y establece preferencias para el comercio de bienes y servicios entre sus integrantes.
El proceso de adhesión requiere el consenso de los miembros. La Comisión del CPTPP debe aprobar por unanimidad el inicio formal de las negociaciones y, si se conforma un grupo de trabajo, el país candidato debe presentar sus ofertas de acceso a mercados y un plan para adaptar su legislación a las disposiciones del tratado. La incorporación definitiva también requiere el acuerdo de todos los integrantes.
En ese escenario, una oposición británica podría impedir que la candidatura argentina avance desde su etapa inicial o bloquear su aprobación posterior, incluso si el resto de los miembros respaldara el ingreso del país.
Desde la creación del bloque, el Reino Unido fue el único país que completó su adhesión. Costa Rica concluyó negociaciones para un instrumento de incorporación en mayo, mientras que Uruguay avanza en conversaciones formales con los socios del acuerdo. En junio de 2026, la Comisión inició discusiones de adhesión con Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. Otros países, entre ellos China, Taiwán, Ucrania, Camboya y Ecuador, mantienen solicitudes pendientes.
Uruguay había solicitado su ingreso en diciembre de 2022. En noviembre de 2025, la Comisión del CPTPP acordó por consenso abrir las negociaciones con Montevideo y estableció un grupo de trabajo presidido por Chile.
Las iniciativas de Argentina y Uruguay para negociar su incorporación por separado también generaron diferencias dentro del Mercosur. Durante una reunión del Consejo del Mercado Común en Asunción, Brasil expresó preocupación por la posibilidad de que las gestiones individuales contradigan el Arancel Externo Común y la regla de negociar conjuntamente acuerdos comerciales con terceros países.
La eventual exclusión argentina del CPTPP no impediría el comercio con sus miembros ni eliminaría los acuerdos bilaterales o regionales que ya están vigentes. Sin embargo, dejaría al país fuera de un marco compartido de preferencias arancelarias, normas de inversión y condiciones de acceso a servicios que abarca economías de Asia, América del Norte, Oceanía y América Latina.
El tratado contempla la reducción o eliminación de aranceles para una parte importante del comercio entre sus integrantes, aunque las condiciones dependen de cada producto y de los compromisos asumidos por cada país. La adhesión podría ampliar las oportunidades de exportación hacia mercados como Japón, Canadá, Vietnam, Malasia, Singapur y Nueva Zelanda.
También permitiría acceder a mecanismos de acumulación de origen y a reglas comunes en áreas como servicios transfronterizos, inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, propiedad intelectual, compras públicas y procedimientos aduaneros. Estas disposiciones podrían beneficiar a sectores argentinos como el agroindustrial, la energía, la minería, los alimentos, los vinos y los servicios basados en el conocimiento.
Según datos de la Cancillería argentina, las exportaciones hacia los países del CPTPP alcanzaron los USD 16.329 millones en 2025, con un superávit comercial de USD 8.930 millones. La adhesión permitiría ampliar el marco de preferencias disponibles, mientras que, sin ella, las empresas argentinas continuarían sujetas a las condiciones que cada mercado aplica a los países que no forman parte del acuerdo, salvo los beneficios de convenios preexistentes.
En paralelo, el Reino Unido prepara medidas vinculadas con su Ley de Protección de Intereses Comerciales de 1980, destinada a proteger a personas y empresas británicas frente a determinadas leyes extranjeras con alcance extraterritorial. Londres prevé implementar disposiciones complementarias antes de finales de 2026.
En la práctica, esas medidas podrían permitir que empresas vinculadas al proyecto Sea Lion se nieguen a cumplir determinadas sanciones argentinas y reclamen compensaciones si resultan perjudicadas. El secretario británico de Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds, afirmó que el Gobierno actuará si la Argentina intenta impedir actividades comerciales británicas que considera legítimas. Por su parte, el canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos de Buenos Aires de presionar a empresas y personas vinculadas con esas actividades.
La posible utilización del CPTPP como herramienta de presión diplomática abre así un nuevo frente en la relación bilateral. Mientras la Argentina busca ampliar su acceso a mercados internacionales, la disputa por las Malvinas y la explotación petrolera podría convertirse en un obstáculo para su incorporación al acuerdo comercial.
