El esquema de financiamiento tiene su origen en la Ley 13.010, sancionada el 19 de diciembre de 2002 durante la gobernación de Felipe Solá. En su versión original, la norma establecía que el 50% de la recaudación del impuesto correspondía a la Provincia para el mantenimiento vial y las obras hidráulicas; el 25% se destinaba al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, orientado a los caminos provinciales de tierra, y el 25% restante se distribuía entre los municipios como compensación por administrar el tributo.
Sin embargo, en diciembre de 2005, la Ley 13.403 modificó esa distribución. La participación provincial aumentó del 50% al 65%, mientras que los recursos del Fondo Vial bajaron del 25% al 12%. Además, se incorporó una asignación del 3% para programas sociales y de saneamiento, y la participación municipal se redujo del 25% al 20%.
De esta manera, el Fondo Vial perdió 13 puntos porcentuales de participación, una reducción del 52% respecto de su asignación original. También se eliminaron las referencias específicas al mantenimiento vial y a las obras hidráulicas dentro de la porción correspondiente a la Provincia.
Más de dos décadas después, la posibilidad de flexibilizar temporalmente el destino de los fondos para caminos rurales vuelve a poner en discusión el esquema de financiamiento. Si bien las obras hidráulicas son necesarias para prevenir anegamientos y mejorar el drenaje, el mantenimiento de los caminos también resulta indispensable para garantizar la circulación de la producción y el acceso a servicios básicos en las zonas rurales.
Ambas infraestructuras están estrechamente vinculadas. Los sistemas de drenaje, las alcantarillas y la planificación por cuencas contribuyen a preservar los caminos, especialmente frente a los excesos hídricos. No obstante, utilizar los recursos de un fondo para cubrir otra necesidad puede reducir la disponibilidad de dinero para tareas viales que también requieren continuidad.
Frente a este escenario, una de las alternativas planteadas consiste en revisar la distribución de la Ley 13.010 y recuperar parte de su esquema original. La propuesta contempla restablecer el 25% para el Fondo Compensador Vial, asignar el 52% a la Provincia, mantener el 3% para programas sociales y saneamiento y conservar el 20% correspondiente a los municipios.
El objetivo sería recuperar recursos para el mantenimiento de los caminos rurales sin modificar las asignaciones actuales destinadas a los municipios y a los programas sociales. Además, se propone restablecer una asignación específica para obras viales e hidráulicas dentro de los recursos provinciales y atender las necesidades adicionales de financiamiento hidráulico prioritariamente con fondos provinciales de libre disponibilidad.
La discusión también abarca la administración de los recursos y el control de las obras. Entre las herramientas propuestas se encuentran la elaboración de planes directores viales, la planificación hidráulica, la participación de las Comisiones Asesoras Locales previstas en el Decreto 130/07 y la difusión de información sobre los fondos recibidos y los trabajos realizados.
Las deficiencias de infraestructura rural tienen consecuencias económicas y sociales. La falta de mantenimiento puede elevar los costos logísticos, dificultar la salida de la producción agropecuaria y complicar el acceso a escuelas y otros servicios. En determinadas localidades, estas dificultades también contribuyen al aislamiento de las familias.
El planteo, formulado por un director de la Sociedad Rural Argentina, propone abordar el financiamiento de caminos y obras hidráulicas de manera integral. El desafío es garantizar recursos suficientes para ambas infraestructuras, mejorar la planificación y asegurar que los fondos destinados al sector rural se traduzcan en obras concretas.
