La operación está habilitada por la Ley Bases, sancionada en julio de 2024, y contempla la incorporación de capital privado mediante una licitación pública nacional e internacional. El esquema oficial prevé vender en bloque el 44% de las acciones, mientras que el Estado conservará el 51% y se destinará hasta un 5% del capital a un programa de propiedad participada para que los trabajadores puedan convertirse en accionistas.
Actualmente, la composición accionaria de Nucleoeléctrica se distribuye entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), titular del 1% restante.
La empresa tiene a su cargo la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, las tres centrales nucleares argentinas. En conjunto, las instalaciones cuentan con una potencia de 1.763 megavatios (MW), equivalente a alrededor del 7% de la generación eléctrica nacional.
Atucha I permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024 debido a los trabajos necesarios para extender su vida útil. Según el cronograma previsto, se espera que vuelva a operar en 2027. Entre los proyectos estratégicos asociados a la incorporación de capital privado también se encuentra el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
El plan de privatización fue anunciado en septiembre de 2025 y apunta a obtener recursos para financiar inversiones de largo plazo. La estrategia oficial sostiene que la participación privada permitirá ampliar el acceso al financiamiento, diversificar los riesgos y mejorar la eficiencia y competitividad de las operaciones.
La reorganización societaria constituye un paso administrativo dentro de ese proceso, que deberá avanzar hacia la licitación prevista para concretar la venta parcial. El esquema mantiene el control mayoritario estatal y reserva una participación para los trabajadores, en línea con el mecanismo de propiedad participada contemplado en el plan gubernamental.
