El Gobierno nacional enviará una delegación diplomática y jurídica a la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de solicitar una orden de freno inmediato a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Las audiencias públicas quedaron formalmente convocadas para el 10 y 11 de noviembre.
La representación nacional estará encabezada por el embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, Mario Oyarzábal, acompañado por la embajadora Betina Pasquali en carácter de coagente. El esquema de exposiciones fijado por el tribunal prevé que la comitiva argentina abra los alegatos el primer día en el turno matutino, de 10 a 13, mientras que la contraparte británica presentará su posición por la tarde, entre las 15 y las 18. Al día siguiente, las réplicas se desarrollarán entre las 10:30 y las 12 para la parte argentina, y de 17:30 a 19 para la delegación del Reino Unido. Ambas jornadas serán transmitidas en directo de manera pública.
La acción judicial busca la adopción de medidas provisionales de carácter urgente para suspender las tareas petroleras en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La postura argentina sostiene que las autorizaciones unilaterales británicas vulneran derechos soberanos inalienables, generan riesgo de daño ecológico grave en el medio marino y agravan el conflicto bilateral que las Naciones Unidas reconocen formalmente como una disputa de soberanía pendiente de resolución.
La solicitud se articula dentro del procedimiento arbitral impulsado el 28 de septiembre al amparo del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El reclamo se apoya específicamente en el artículo 290, inciso 5, de dicho tratado internacional, que faculta la petición de medidas cautelares ante el tribunal con sede en Alemania mientras se formaliza la constitución definitiva de un panel arbitral, permitiendo resguardar los recursos naturales y el ecosistema oceánico ante una situación de apremio.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, creado en 1982 en el marco de la CONVEMAR, funciona como una instancia jurisdiccional independiente orientada a la resolución de conflictos sobre delimitación de límites marítimos, conservación ambiental, navegación y explotación de recursos vivos y minerales en los océanos. El cuerpo está integrado por 21 magistrados internacionales seleccionados con criterio de equidad geográfica y equilibrio entre los distintos sistemas jurídicos mundiales, con representaciones de naciones como Argentina, Brasil, Chile, Camerún, Países Bajos, China, Rusia, Ucrania, Italia, Japón e India.
