La fiscal general Fabiana León señaló en un informe oficial que el juicio mantiene un ritmo sostenido y favorable, lo que permitiría adelantar la discusión final. Aunque aclaró que todavía no es posible establecer una fecha precisa de cierre, consideró que el desarrollo del proceso podría ser más rápido de lo previsto inicialmente.
El debate comenzó el 6 de noviembre de 2025 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La causa tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita y destinataria de 175 hechos de cohecho pasivo. Junto con ella son juzgadas más de cien personas, entre empresarios y exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta y José López.
El expediente busca determinar si entre 2003 y 2015 funcionó un sistema organizado de recaudación de sobornos desde la cúpula del entonces Ministerio de Planificación Federal. Según la hipótesis de la acusación, empresas contratistas del Estado habrían realizado pagos ilegales de entre el 5% y el 10% de anticipos financieros y certificados de obra, mediante contratos viales, concesiones de transporte, obras públicas y subsidios energéticos.
El juicio unificó la investigación principal, basada en las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, con expedientes derivados sobre presunta cartelización de la obra pública, concesiones viales, transporte y actividades vinculadas con el sector energético. La lectura de los requerimientos de elevación a juicio demandó doce audiencias antes de que comenzara formalmente la etapa de debate.
De acuerdo con el informe fiscal, durante los últimos meses las defensas, el Ministerio Público y la querella de la Unidad de Información Financiera desistieron de poco más de cien testigos. La decisión apunta a reducir la duración del proceso y concentrar las audiencias en los testimonios considerados relevantes para la discusión de las acusaciones.
Hasta el momento, el tribunal escuchó a 146 testigos y todavía debe recibir a otros 208, de los cuales 13 fueron propuestos por la fiscalía. El debate se desarrolla con dos audiencias semanales y, tras una primera etapa exclusivamente virtual, desde febrero adoptó una modalidad híbrida.
Uno de los principales puntos de controversia entre las partes está relacionado con las declaraciones de los imputados colaboradores. Los 24 acusados que se acogieron a la figura del arrepentido durante la instrucción se negaron a declarar y responder preguntas en el juicio oral. La fiscalía considera relevante que ninguno se haya retractado de sus confesiones anteriores, mientras que las defensas sostienen que no pudieron contrainterrogarlos ni verificar adecuadamente sus aportes.
Los abogados defensores también cuestionan la suficiencia de las pruebas y sostienen que parte de la documentación pudo haber sido manipulada. Durante el debate, además, presentaron distintos planteos de nulidad vinculados con la aplicación de la ley del arrepentido y la custodia de los elementos periciales. La fiscalía rechazó esos cuestionamientos.
Otro de los aspectos centrales del proceso es la exhibición de los cuadernos originales atribuidos a Centeno. Seis de los ocho manuscritos fueron entregados a la Justicia en 2019 y su incorporación al debate permitió retomar la discusión sobre su autenticidad, luego de que las defensas cuestionaran su existencia y plantearan que habían sido quemados o adulterados.
Para la fiscalía, el examen de los documentos físicos permite verificar la escritura, las tintas y la cronología de las anotaciones. También facilita el cotejo de fechas, patentes de vehículos, montos en dólares y domicilios con otros elementos incorporados al expediente.
Durante las audiencias se presentaron, además, fotografías, registros audiovisuales, audios, mensajes de WhatsApp, informes financieros, documentación de organismos públicos y registros de vuelos y comunicaciones telefónicas. La acusación sostiene que esos elementos permiten contrastar las anotaciones con movimientos bancarios, recorridos de vehículos y declaraciones de empresarios arrepentidos.
Entre las cuestiones que todavía deben resolverse figuran algunos planteos de las defensas. Uno de ellos corresponde a un pedido de careo presentado por la defensa de Roberto Baratta, que busca confrontar las declaraciones de exdirectivos de una empresa siderúrgica que lo involucraron en el presunto cobro de sobornos.
La fiscalía considera que durante el debate ya se expusieron elementos centrales de la investigación y sostiene que las pruebas presentadas respaldan la acusación original. Las defensas, en cambio, mantienen sus cuestionamientos sobre la documentación y la posibilidad de contrastar las declaraciones de los imputados colaboradores.
Con más de un centenar de testimonios ya desistidos y una parte sustancial de la prueba documental incorporada, el proceso entra en una etapa en la que la duración dependerá del desarrollo de las audiencias pendientes y de las decisiones del tribunal. Aunque todavía no existe una fecha oficial de cierre, las estimaciones judiciales ubican los alegatos en la primera mitad de 2027.
