El FGS, que administra fondos vinculados al sistema previsional, había sido objeto de distintas propuestas desde el inicio del actual Gobierno. El proyecto de Ley Ómnibus, que luego derivó en la Ley Bases, contemplaba inicialmente la liquidación de deuda pública en poder del fondo y el traspaso de sus activos al Ministerio de Economía, que quedaría habilitado para vender acciones y deslistar bonos. La iniciativa no avanzó debido al rechazo de sectores de la oposición en el Congreso.
En enero de 2024, el FGS estaba valuado en unos US$ 32.658 millones. La diferencia respecto de la valuación de la gestión anterior se explicaba, en parte, por el criterio utilizado para convertir los activos a dólares: mientras el Gobierno anterior había utilizado el tipo de cambio oficial, la nueva administración tomó como referencia el dólar financiero.
Actualmente, el fondo alcanza los US$ 79.232 millones, equivalentes al 11% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados en junio.
El incremento del 142% en la valuación se explica principalmente por la suba del precio de los títulos públicos y las acciones que integran el fondo, cuyo rendimiento superó al del dólar. La cartera está compuesta en un 77% por bonos, un 14% por acciones y un 3,5% por inversiones en proyectos productivos. Además, incluye un 1,8% en títulos emitidos por organismos estatales, un 1,6% en plazos fijos, un 0,3% en Fondos Comunes de Inversión y un 0,2% en préstamos pendientes para jubilados y trabajadores. Su función principal continúa siendo el financiamiento del Tesoro Nacional.
A mediados de 2025, el Ministerio de Economía comenzó a analizar nuevas alternativas para utilizar el FGS, en un contexto de desaceleración del crédito. El financiamiento había sido uno de los motores de la recuperación económica desde mediados de 2024, pero posteriormente perdió impulso por la suba de las tasas de interés, la inestabilidad cambiaria y el enfriamiento de la actividad.
En ese momento, las principales asociaciones bancarias plantearon reasignar US$ 14.400 millones del fondo hacia el mercado hipotecario mediante la venta de acciones y bonos. La propuesta tomaba como referencia el modelo de una entidad estadounidense que compra hipotecas a los bancos para luego colocarlas entre inversores.
Sin embargo, esa alternativa requería aprobación del Congreso y tenía como antecedente el rescate de esa entidad por parte del Gobierno de Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008. Otra posibilidad era que el propio FGS adquiriera las hipotecas, lo que hubiera trasladado a la ANSES el riesgo asociado a los créditos.
Finalmente, después de una flexibilización del crédito en dólares, se definió un esquema diferente. Los bancos licitarán plazos fijos de entre uno y cinco años y, a cambio, ofrecerán créditos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años, una tasa máxima ajustada por inflación de aproximadamente 30% anual, equivalente a UVA + 7,5%, y un monto máximo de US$ 200.000 por prestatario.
El programa apunta a financiar la primera vivienda de entre 17.000 y 18.000 familias y también contempla créditos para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.
El Gobierno busca utilizar esta herramienta para impulsar la actividad económica, en un escenario de menor dinamismo. Según las estimaciones citadas en el planteo oficial, la actividad económica cayó en 10 de los últimos 17 meses desde febrero de 2025. Para 2026 se proyecta un crecimiento del 1,7% hasta julio frente al mismo período del año anterior, cuando los principales sectores que explican el PBI se encontraban estancados. En esas actividades se perdieron alrededor de 330.000 empleos formales.
Desde fines de 2023 se otorgaron unos 65.000 créditos hipotecarios. Sin embargo, durante 2026 el financiamiento destinado a vivienda cayó un 40% medido en dólares. En este contexto, el FGS vuelve a quedar vinculado a una estrategia destinada a recuperar el crédito y reactivar especialmente al sector de la construcción.
La tasa máxima prevista para los nuevos préstamos se encuentra levemente por encima del promedio del mercado, estimado en UVA + 7%, y también supera la tasa ofrecida por el Banco Nación para créditos hipotecarios de 25 años destinados a primera vivienda, de UVA + 6,5%. A la vez, se ubica por debajo de las tasas de la mayoría de los bancos privados.
Uno de los principales interrogantes será la respuesta de los potenciales tomadores de crédito frente a préstamos de largo plazo cuyo capital se ajusta por inflación. El contexto electoral de 2027 también podría incidir en las decisiones de los hogares, especialmente ante la posibilidad de nuevas variaciones del tipo de cambio.
Desde la administración del FGS señalaron que el fondeo del programa provendrá, en parte, de los plazos fijos y, en otra parte, de los flujos derivados del cobro de dividendos y otros activos del fondo. También sostuvieron que el esquema fue diseñado para preservar tanto la rentabilidad como la seguridad de los recursos.
La medida, sin embargo, recibió cuestionamientos por considerar que podría desvirtuar la función original del FGS. El fondo fue creado en 2007 como una herramienta anticíclica destinada a enfrentar eventuales crisis del sistema previsional.
También se planteó que los jubilados, cuyos aportes dieron origen al FGS, no tendrán un acceso garantizado a los beneficios de la nueva política. Los bancos continuarán determinando quiénes pueden acceder a los créditos mediante sus propios análisis de riesgo, con prioridad para personas con ingresos estables, salarios registrados y capacidad de sostener el pago durante largos períodos.
En consecuencia, los adultos mayores, monotributistas y trabajadores informales podrían enfrentar tasas más elevadas, plazos más cortos o directamente quedar excluidos de este tipo de financiamiento. Desde el Gobierno remarcaron que la decisión final sobre el otorgamiento de cada crédito corresponde a cada banco.
