La denuncia alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio del organismo. El abogado pidió investigar si las operaciones ocasionaron un perjuicio al Estado, cómo se seleccionaron las entidades financieras que actuaron como contrapartes y si existieron comisiones u honorarios sin justificación.
La presentación plantea la posible comisión de delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También menciona una eventual asociación ilícita, cuya existencia, según el planteo, debería determinarse a partir de las pruebas reunidas. Se trata de hipótesis que deberán ser investigadas y no de responsabilidades judicialmente acreditadas.
Uno de los puntos centrales es la presunta participación de Deutsche Bank en las operaciones. Dalbón se apoyó en informes periodísticos que ubican a la entidad entre las contrapartes de los contratos relacionados con el oro argentino. Según esa información, las transacciones habrían funcionado como una cobertura ante una eventual caída del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo a un valor superior a los US$3.000 por onza, en un contexto en el que la cotización de mercado habría superado los US$4.000.
El escrito aclara que esa descripción no surge del informe de auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que deberá comprobarse mediante el análisis de los contratos correspondientes. En ese sentido, el abogado reclamó conocer las condiciones pactadas, los precios de ejercicio y las sumas que pudieron haber recibido las entidades intervinientes.
“**No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado**”, advirtió Dalbón. La denuncia menciona una cifra superior a los US$60 millones, aunque solicita que ese dato sea verificado durante la investigación.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la documentación de las operaciones. Según reportes periodísticos citados en la presentación, el BCRA se habría negado a entregar a la AGN copias de los contratos. Para el denunciante, esos documentos resultan fundamentales para establecer cómo se estructuraron las transacciones, qué autorizaciones recibieron y cuáles fueron sus costos.
La ampliación también señala que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en Deutsche Bank. El abogado reconoce que ese antecedente laboral no implica por sí mismo una irregularidad, pero pide esclarecer los criterios utilizados para seleccionar a la entidad como contraparte y los controles aplicados durante las operaciones.
Para fundamentar el pedido de allanamiento, Dalbón sostuvo que la evidencia principal es documental y electrónica y que se encuentra bajo custodia del organismo cuyas autoridades fueron denunciadas. Por eso, solicitó preservar los correos de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos, además de los servidores y registros vinculados con el acceso y la modificación de archivos.
La medida requerida comprende las comunicaciones mantenidas durante 2024 y 2025 con Deutsche Bank y otras entidades involucradas. El objetivo es resguardar la información y reconstruir el proceso de negociación, la toma de decisiones y los costos asociados a los contratos. El abogado advirtió que los registros electrónicos podrían ser alterados o eliminados y, como alternativa al allanamiento, pidió que se ordene judicialmente al BCRA entregar la documentación y garantizar su preservación.
La denuncia inicial se basó en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026. Según el documento, las operaciones con opciones cuyo activo subyacente era el oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a aproximadamente US$1.023 millones, incluidos los egresos de divisas.
De acuerdo con el desglose citado en la presentación, el resultado se compone de US$960,2 millones correspondientes al resultado negativo de las opciones y US$62,8 millones en primas. La ampliación busca determinar cómo se estructuraron las operaciones, si los precios de ejercicio fueron razonables, qué costo tuvieron las comisiones y cuál fue la efectividad de la cobertura obtenida por el organismo.
Para avanzar con esas comprobaciones, Dalbón solicitó información al BCRA y a Deutsche Bank, consultas a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera, y cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). También pidió la intervención de peritos contables y especialistas en instrumentos financieros derivados para analizar los contratos, las comisiones y el costo total de las transacciones.
En el cierre de su presentación, el abogado solicitó que se cite a declaración indagatoria a Ferro, Caputo, Bausili y Curutchet, además de otras personas que pudieran resultar responsables a partir de las pruebas. El eje del planteo, según resumió, es determinar cómo se eligieron las contrapartes, cuánto costaron las operaciones y si alguien obtuvo una ventaja indebida.
