La resolución también dispuso levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, expareja de Tapia. La medida busca ampliar el acceso a información sobre su situación patrimonial y financiera, dado que figura como firmante de dos cuentas del dirigente y como cotitular de una caja de seguridad.
Entre las diligencias ordenadas, Lijo solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires información sobre las declaraciones juradas presentadas por Tapia entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos confidenciales. También requirió al CEAMSE que informe si fueron localizados los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
El magistrado pidió además al Registro de la Propiedad Automotor un detalle de los vehículos que Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y los legajos de cuatro automóviles, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. A su vez, solicitó antecedentes de otras causas judiciales que puedan aportar información sobre bienes, sociedades, deudas y activos financieros del dirigente.
Uno de los ejes de la investigación son 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en la cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019, por un total de $1.494.678,79. La Justicia pidió a la entidad que detalle los conceptos de esos pagos y remita el legajo laboral del dirigente, junto con recibos de haberes y liquidaciones de otros conceptos.
La investigación también apunta a tres transferencias recibidas desde la FIFA en cuentas de Tapia durante 2018, 2019 y 2020. Los montos fueron de US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09, respectivamente. Para obtener la documentación, se libró un exhorto internacional a Suiza con el objetivo de conocer el origen de los fondos y los conceptos de los pagos, además de los honorarios o comisiones que el organismo le hubiera abonado desde 2016.
En cuanto a la AFA, el juez solicitó información sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites de gasto, las condiciones de uso y las rendiciones correspondientes. También pidió documentación sobre cinco transferencias realizadas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000, y un desglose de los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber percibido de la entidad.
Los requerimientos incluyen pedidos a bancos y otras instituciones para determinar si el dirigente posee cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, inversiones, operaciones cambiarias o billeteras digitales. También se solicitó información sobre dos cuentas comitentes y sus movimientos.
Por otra parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá informar si Tapia y Moyano participaron en los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales establecidos por la Ley 27.743 y, en caso afirmativo, qué bienes, monedas o valores declararon.
Respecto de Moyano, las medidas abarcan sus declaraciones juradas, activos, deudas, facturación, movimientos financieros y posibles bienes en el exterior. También se requirió información a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA sobre cuentas, transferencias, inversiones y billeteras digitales.
La ampliación de las medidas se produjo después de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara, el 13 de octubre, profundizar la investigación sobre las transferencias de la FIFA y los depósitos del sindicato, además de extender las averiguaciones patrimoniales a Moyano.
La causa se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un supuesto incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. Tapia integra el CEAMSE desde 2014 y ocupa su presidencia desde 2024.
El objetivo de la investigación es contrastar la evolución de los bienes y las operaciones financieras del dirigente con los ingresos declarados. Las medidas ordenadas buscan reunir documentación para avanzar en ese análisis y no implican, por sí mismas, que se haya acreditado la existencia de un delito.
