El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó buena parte de las conversaciones y permaneció durante varias horas en el Congreso para asegurar que legisladores de distintas provincias no acompañaran la convocatoria opositora. Entre los distritos involucrados estuvieron Santa Fe, Tucumán, Neuquén, Jujuy, San Juan y Chubut.
Las negociaciones estuvieron atravesadas por reclamos de los mandatarios provinciales para avanzar con obras de infraestructura, especialmente en rutas nacionales. En algunos casos, las gestiones se apoyaron en acuerdos que ya estaban en marcha; en otros, los gobernadores reclamaron respuestas concretas para sus provincias.
En Santa Fe, el gobernador firmó el 22 de julio un convenio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia se encargue durante 20 años de administrar y ejecutar obras en la Ruta Nacional A012 con recursos propios. La iniciativa respondía a una demanda provincial que llevaba tiempo pendiente.
En San Juan, el gobernador mantuvo una reunión con Santilli para analizar los avances en las obras de la Ruta Nacional 40. Durante las conversaciones, se remarcó la necesidad de mejorar las condiciones de circulación y reducir los accidentes viales. Los reclamos también contaron con el respaldo de empresarios locales, interesados en acelerar los trabajos.
Otro foco de tensión fue la licitación para ampliar el ferrocarril Belgrano Cargas. El gobernador de Salta cuestionó públicamente que algunos ramales fueran considerados optativos dentro del proceso. Ante esos planteos, el Gobierno se comprometió a analizar alternativas de inversión y a organizar una reunión con empresarios para evaluar mejoras en los tramos reclamados.
Desde la Casa Rosada sostienen que Santilli tiene la tarea de acercar posiciones con los gobernadores y construir acuerdos que permitan mantener el respaldo a las reformas oficiales. La negociación sobre infraestructura aparece así como una de las herramientas centrales para sostener los vínculos políticos con las provincias.
En paralelo, La Libertad Avanza avanzó con cambios en un proyecto legislativo para restablecer la vigencia de la Ley de Tierras, derogada previamente por el Gobierno. Según el texto original, el oficialismo modificó su iniciativa y eliminó el artículo 154, una decisión que habilitaría el tratamiento de la normativa en el Senado, donde el bloque afirma contar con los votos necesarios.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también tuvo un papel central en las gestiones para impedir que la oposición reuniera el quórum. Tras el intento fallido de convocar a una sesión, sostuvo: “Una vez más, intentaron frenar el avance de Argentina y fracasaron. El país ya ha elegido un rumbo y no va a retroceder para complacer a quienes nos llevaron al fracaso”.
El episodio volvió a mostrar que la capacidad del oficialismo para sostener su agenda parlamentaria depende no solo de sus propios legisladores, sino también de acuerdos con gobernadores y bloques aliados. La continuidad de esos entendimientos será clave para el tratamiento de las próximas iniciativas del Gobierno.
